En el marco del “Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Pública Superior” se reunieron en el Congreso de la República congresistas con los 32 rectores de las universidades públicas del país.

El objetivo  central del Foro era exponer los problemas estructurales de financiamiento de las universidades públicas, que, de acuerdo a los rectores, deben solucionarse a fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la educación superior.

En el evento, el rector de la Universidad del Pacífico, doctor Félix Suárez Reyes, solicitó apoyo económico fundamentalmente para las universidades regionales y para el desarrollo de políticas públicas de inclusión de educación superior, con tal avanzar en los procesos de calidad con fines de acreditación.

Del mismo modo, le solicitó al Gobierno nacional el cumplimiento de la normatividad colombiana, fundamentalmente con la Ley 65 de 1988, para que la Unipacífico pueda desarrollarse y se concrete el centro de investigaciones de la Universidad del Pacífico. Igualmente, pidió que el Gobierno nacional aporte los recursos del Fondo de Buenaventura, de modo tal que le lleguen recursos a la Universidad directamente para poder avanzar significativamente en su consolidación.

El Rector además de participar en  la Mesa del foro en el Congreso de la República, también lo hizo en la mesa técnica que ayuda al Ministerio de Educación  Nacional en la toma decisiones finales.

Por su parte el rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres, frente al desfinanciamiento, manifestó vía comunicado que “del medio billón anunciado por el Ministerio de Hacienda, $445 mil millones de pesos son recursos destinados al Ministerio de Educación para inversión, gratuidad gradual y programa de excelencia, es decir, es un recurso que no necesariamente llegará a la base presupuestal de las universidades públicas. Y sólo el 11% de esa cifra, es decir, $55 mil millones de pesos harían base presupuestal para las universidades”.

Adicionalmente, puntualizó que “hemos sido explícitos en que se requiere, en el corto plazo, la adición de medio billón de pesos para el Sistema Universitario Estatal —SUE— y sus 32 universidades, mediante el mecanismo de transferencia, con base en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992, recursos que se deben girar a las bases presupuestales de las universidades; es decir, se requiere que sean recursos permanentes que permitan sufragar el déficit acumulado para pagar las nóminas de docentes y administrativos, que también son de carácter recurrente, como también otros gastos de funcionamiento tales como vigilancia, aseo, mantenimiento, etc. y financiar los costos de mejoramiento de la calidad. Cabe recordar que las universidades públicas ostentamos los más altos estándares de acreditación institucional, pues 17 de las 32 universidades ya tienen este sello distintivo; pero la calidad cuesta y esto ha afectado de manera creciente las finanzas de nuestras instituciones”.

La jornada fue la oportunidad para que los asistentes reflexionaran sobre la educación superior y fue el escenario propicio para hablar sobre la urgente necesidad de acabar el déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y de 15 billones de inversión que padecen las 32 universidades que integran el Sistema Universitario Estatal- SUE.